Debido a que nuestro hijo con discapacidad intelectual no podrá tomar decisiones sobre su vida y su patrimonio, es necesario que al cumplir 18 años, es decir, la mayoría de edad, los padres tramitemos un juicio de interdicción, que es la declaración legal del nivel de capacidades e incapacidades de nuestro hijo que permite el nombramiento de un tutor que lo represente legalmente y de un curador, encargado de vigilar el desempeño del tutor.

Es una decisión difícil pues significa dar por sentado las limitaciones de nuestro hijo a lo largo de su vida. Hacer un juicio de interdicción es proteger legalmente a nuestro hijo con discapacidad, porque así habrá un antecedente jurídico de su condición que lo ampara.

Para llevar a cabo un juicio de interdicción se necesita acudir a un abogado o a un despacho de abogados especialistas en Derecho Familiar y con experiencia en juicios de interdicción. Hay que llevar consigo el acta de nacimiento de la persona con discapacidad, el acta de matrimonio de los padres, así como dos certificados médicos que verifiquen que la condición de la persona, amerita el juicio de interdicción.

En caso que los padres estén divorciados no es necesaria la presencia de ambos. Quien tenga la patria potestad puede realizar el tramite.